Transportistas siguen luchando por su derecho a trabajar libres del miedo a extorsionadores y sicarios que atentan contra su vida. Mientras que las autoridades siguen sin ejecutar normas y prevención necesarias para garantizar un trabajo digno.
El Sector de transporte en Lima y Callao se encuentra atrapado en una de sus crisis más oscuras, violentas y sangrientas de los últimos años. Detrás del desvío de rutas, los paros intempestivos y el miedo que se respira entre los pasajeros dentro de las unidades de transporte público se esconden varias redes criminales extorsivas que han tomado el control absoluto de las calles limeñas. Las avenidas principales de la capital ya no solo representan vias de conexión importantes y necesarias, sino también se han transformado en escenarios de una guerra silenciosa donde choferes, cobradores y empresarios del transporte urbano público pagan con sus vidas el derecho a trabajar libremente.
Para entender la verdadera dimensión, el impacto psicológico y la crudeza operativa de este problema, un transportista de una de las principales empresas de transporte urbano de la capital rompe su silencio para contarnos un poco de lo que se viven ahora en las calles y la dura realidad que los persigue en el día a día. Este transportista revela como el sicariato se ha convertido en el brazo ejecutor del cobro de cupos y cómo la inacción del estado peruano los ha dejado en total abandono a pesar de varias promesas incumplidas y acciones que nunca se llevaron a cabo.
El día a día bajo la amenaza del Sicariato
Para los transportistas la violencia no es un indicador ni una cifra abstracta en documentos y reportajes, es una realidad asfixiante con la que conviven desde muy temprano en la mañana cuando encienden el motor hasta altas horas de la noche. El cobro de cupos ya no es una simple amenaza económica y subirse a una unidad de transporte público se ha convertido en una ruleta rusa tanto para los pasajeros como para los mismos conductores, donde la vida tiene un precio fijado por la delincuencia.
‘’[La amenaza actual] últimamente es el cobro de cupos, el tema de las extorsiones, amenazas hacia los choferes, hacia los familiares, las empresas y se ha llevado a cabo, pues, como vemos, actualmente, ha habido ha habido ataques constantes hacia unidades de transporte, como quema de buses, a la misma empresa también han lanzado granadas y una serie de amenazas.’’
Relata este transportista que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Estas palabras reflejan una alarmante realidad: el valor de la vida de un trabajador del transporte público y hasta de sus seres queridos ha sido reducido a una transacción económica fija impuesta por los criminales. Si la cuota diaria no se entrega en un plazo establecido, las mafias no dudan en cumplir sus amenazas de forma letal, utilizando el asesinato de conductores seleccionados al azar dentro de la misma empresa como un mecanismo de castigo ejemplar para amedrentar al resto del personal y hasta alos propios dueños.
El Modus Operandi del Crimen Organizado
La percepción de desprotección de los choferes y cobradores coincide de forma alarmante con las métricas de la modalidad delictiva expuestas por el INEI. Los delincuentes utilizan la movilidad y sorpresa como sus principales armas:
- Violencia armada: El uso de armas de fuego en los hechos delictivos alcanza su punto más crítico en Lima Metropolitana y Callao, donde el 16.2% de las víctimas reportó que el agresor estaba armado. En la Costa Urbana la tasa es de 13.6% mientras que a nivel nacional urbano promedia un 10.8%
La desconfianza al sistema y el temor colectivo
‘’Los pasajeros son conscientes, ellos son conscientes de que suben… Eh, escuchamos a veces […] sus conversaciones y a veces no se quieren este sentar muy al lado del chofer porque saben de los de los ataques que estamos sufriendo. Sí son conscientes de lo que está pasando en la misma realidad, son conscientes de todo lo que pasa.’’
Estas palabras retumban en el temor colectivo de las personas, y las cifras no mienten. Actualmente la mayoría de pasajeros del día a día prefieren no tener cerca al chofer por temor a algún eventual atentado dentro de la unidad de transporte. Pero esta desconfianza también se traslada a los transportistas, el INEI reveló que sólo el 18.9% de transportistas realiza una denuncia . En Lima y el Callao, la cifra aumenta hasta el 20.9% lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 delitos contra transportistas quedan impunes.
La desconfianza se traduce en que el 84.5% de la población en Lima y Callao percibe que será víctima de algún hecho delictivo en los próximos 12 meses. Asimismo, el 59.7% de los ciudadanos de la capital siente temor al ir solos por sus barrios. A pesar de que el INEI reporta que el 55.1% de la población de la capital y el Callao cuentan con algún tipo de vigilancia en la zona (PNP, Serenazgo o patrullaje integrado) para los transportistas que cruzan múltiples distritos en sus rutas, esta presencia es invisible:
‘’El gobierno quiere de alguna manera quiere aliviar ese problema, pero no, es insuficiente, se habló también de cámaras de seguridad en los buses como como para persuadir la delincuencia, pero todavía, en concreto, no ha llegado nada. Dicen que ya están las cámaras, pero no se han instalado todavía […] El problema de la inseguridad es este ya mucho más dimensional.’’
Por último, las palabras de este transportista revelan que realmente los ”cambios” o acciones que toma el gobiernos para combatir esta crisis es insuficiente para poder para de una vez con las amenazas y devolverles las tranquilidad. Esta ”presencia” que busca tener el estado con ellos no alcanza y es invisible frente a bandas criminales organizadas que han sustituido la ley del estado por la ley del plomo.
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