Mientras chequeos en los colegios muestran que miles de alumnos están solos frente al bullying y la violencia, el operativo nacional advierte que los centros de atención del Estado no tienen psicólogos/psiquiatras ni locales adecuados para ayudarlos.
Estudiar en un colegio público en el Perú implica enfrentar un espacio donde la violencia escolar va en aumento. Auditorías recientes demuestran que el apoyo psicológico en las escuelas es insuficiente y exponen un déficit estructural en la atención del Estado. Mientras el acoso dentro de los colegios crece, la red de salud pública encargada de atender a las víctimas arrastra deficiencias graves que impiden una respuesta oportuna.
Desemparo en los colegios
Las inspecciones de la Contraloría General de la República confirman que las escuelas estatales carecen de herramientas básicas para frenar el acoso escolar. Al no existir un filtro de contención, el bullying avanza sin que los especialistas intervengan a tiempo.
En Lima Metropolitana, la falta crítica de psicólogos limitó la atención y el seguimiento de más de 7,500 casos de violencia escolar; miles de menores agredidos volvieron a las aulas sin recibir apoyo. Esta crisis se repite fuera de la capital: en Lima Provincias (Huaura, Huaral, Cañete, Barranca y Huarochirí), las supervisiones descubrieron colegios con severos daños estructurales, paredes agrietadas y techos en mal estado, lo que eleva el estrés y desmotivación de los alumnos.
De las aulas a salas de emergencia
Estas omisiones estatales tienen consecuencias directas en la salud de los menores de edad, en donde las declaraciones de la Contraloría se convierten en diagnósticos graves. El médico psiquiatra Dr. Arana advierte que la falta de intervención temprana en escuelas actúa como un detonante en silencio que agravan el diagnóstico que se pudo haber controlado a tiempo. “Es de vital importancia intervenir tempranamente para evitar que estos futuros jóvenes presenten conductas disfuncionales, autolesivas o autolíticas, o que se refugien en alcohol y drogas para mitigar los síntomas de ansiedad y depresión” explica el especialista. De acuerdo con el Dr. Arana, el verdadero peligro de que el Estado ignore estas alarmas es la salud mental de los pacientes. Al no encontrar psicólogos en sus colegios ni citas oportunas en los centros comunitarios de sus barrios, los jóvenes son empujados al límite de sus fuerzas emocionales.
Atención en crisis
Los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), creados originalmente para ser la primera línea de respuesta médica y de contención en los barrios, enfrentan serias limitaciones operativas que bloquean el acceso a la salud. Los informes de control realizados por la Contraloría General de la República revelaron que estos establecimientos no cuentan con las condiciones físicas adecuadas ni con el personal necesario para atender la alta demanda de la población juvenil.
En el Callao, las inspecciones detalladas del órgano de control pusieron al descubierto la precariedad material en la que operan estos centros. De acuerdo con los documentos oficiales, varios de los locales del primer puerto funcionan en estructuras que presentan deterioros físicos que impiden garantizar la privacidad y la confidencialidad que requiere una consulta psiquiátrica o psicológica. A la falta de espacios seguros y cómodos para los pacientes se suma la escasez de materiales básicos de oficina e insumos médicos indispensables para el seguimiento diario de las terapias. Esta precariedad provoca que los jóvenes y sus familias acudan a lugares que, en lugar de transmitir calma y seguridad, reflejan el abandono logístico por parte del sector salud.
Entorno Familiar
Cuando las dos líneas de defensa del Estado, el colegio y los centros de salud mental comunitaria, se derrumban debido a la falta de presupuesto y especialistas, la crisis se traslada por completo al interior de los hogares peruanos. La familia se convierte, por obligación y desespero, en el ultimo recurso para contener el sufrimiento de un menor. Sin embargo, los padres y cuidadores no cuentan con las herramientas técnicas ni el soporte psicológico necesario para gestionar patologías complejas como la depresión severa, la ansiedad crónica o las conductas de automutilación derivadas del acoso escolar.
Esta desatención estatal arrastra también un fuerte impacto socioeconómico. Para salvar la vida de sus hijos, muchas familias se ven forzadas a recurrir a la medicina privada, asumiendo deudas insostenibles para pagar consultas particulares y medicamentos psiquiátricos de alto costo que el Estado debería garantizar de forma gratuita. Aquellas familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios se ven obligadas a ver el deterioro diario de los menores en completo aislamiento. De este modo, la desprotección en salud mental juvenil deja de ser un problema individual del estudiante para transformarse en una crisis familiar colectiva que perpetúa el círculo de la pobreza y la exclusión social en el país.
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